El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández; acompañado por el alcalde de Piélagos, Enrique Torre; ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento de Piélagos ha otorgado ya las autorizaciones provisionales para 41 viviendas situadas en Piélagos, concretamente 20 viviendas en Entrelindes y en el ámbito denominado L05, donde hay 21. Fernández ha señalado que con esto se pretende «dar cumplimiento a las sentencias que se presentan en función a la Ley del Suelo», y que se busca «la mejor ordenación del territorio en esta zona», por lo que espera que el poder judicial «imparta justicia» y no derribe unas viviendas donde se puede volver a construir.
En este punto, el titular de Urbanismo ha recordado que estas viviendas se encuentran en terreno declarado como «urbanizable» en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), porque se busca «su mejor ordenación posible». De ahí que no considere «lógico» rechazar sus respectivas autorizaciones por parte del poder judicial. Las 41 viviendas están legalizadas provisionalmente con título administrativo, pero se encuentran a la espera de la opinión de un juez. «Estamos convencidos de que las autorizaciones serán confirmadas por los tribunales», ha asegurado.
En el caso de que se produzca una desviación del poder judicial y que no prosperen las autorizaciones provisionales, «nos veríamos abocados a derribar las viviendas y trasladar a las familias», ha dicho, además «aprobaríamos el Plan General de las mismas y se otorgarían licencias para construir exactamente viviendas similares», ha asegurado. En este aspecto, el consejero ha explicado que los vecinos no se plantean la demolición de las viviendas, pero si llega el momento del derribo, ha dicho que el Gobierno va a ofrecer la solución consistente en la sustitución de su vivienda por otra de iguales características.
Fernández ha reiterado su confianza plena en la justicia ya que cree que sirve para «resolver conflictos sociales». Además ha dicho, «no se trata de viviendas próximas a la playa», sino que el problema es de tipo «técnico», concretamente, «de clasificación urbanística del suelo». «Esperamos que se aplique la doctrina conforme al interés general urbanístico», ha afirmado, «es difícil entender que se tome la decisión de demoler las viviendas».
El alcalde de la localidad, Enrique Torre, ha querido dejar claro que la creación del nuevo plan en el que se incluyen las autorizaciones no tiene como objetivo eludir la sentencia judicial, sino que el antiguo plan ya lo pedía porque estaba «agotado», y busca la adaptación del municipio a la Ley del Suelo.
Cuatro viviendas en Argoños
Durante la rueda de prensa, Fernández ha manifestado que el caso de las 41 viviendas de Piélagos no repercute con las 4 de Argoños pendiente de demoler tras el último pronunciamiento judicial. «No tiene nada que ver porque en las viviendas de Argoños no hay una autorización provisional concedida», ha afirmado.
En este caso, las razones que se dan para la demolición de las 4 viviendas son el impacto paisajístico que suponen y la falta de un estudio de detalle. Hecho que el consejero ha declarado que no apoya, porque el impacto paisajístico, ha dicho, desaparece con el resto de viviendas construidas delante de ellas, y en el caso del estudio de detalle, «ya se realizó para cumplir las deficiencias técnicas que planteaba la sentencia». El consejero ha mostrado su desacuerdo con la decisión de la sala ya que cree que «ha cambiado su criterio», porque el plazo para declarar la inejecución lo estiman desde el plan antiguo y no debería ser así. «No creemos que se derriben porque no tendría sentido desde el punto de vista de la justicia material», ha asegurado.
A este respecto, Fernández ha recordado que en el supuesto de que se proceda al derribo de las 4 viviendas el Gobierno de Cantabria construiría otras un 20% más grandes, siguiendo las directrices del plan nuevo.
Por último, el titular de Medio Ambiente ha dicho que en este año se darán todas las autorizaciones provisionales, que son más de 400, y que si la decisión judicial es la demolición de las 450 viviendas pendientes con sentencias de derribo se procederá a ello, porque, ha dicho, «lo que digan los jueces es la premisa inicial» pero, «no dejaremos a nadie desamparado sin una indemnización o una vivienda nueva».
