El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha informado esta mañana que el Gobierno de Cantabria ha recibido una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en la que se les traslada la pertinencia de plantear una cuestión de anticonstitucionalidad contra la Ley 2/2011 de Autorizaciones Provisionales. Fernández ha reiterado la llamada a la tranquilidad a los vecinos afectados ya que esto significa que, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, la Ley sigue vigente y las viviendas son legales. “No cabe orden de derribo hasta que el TC se pronuncie”, ha asegurado.
El titular de Urbanismo ha convocado a los medios de comunicación para informar de esta nueva situación, de la que ya se venía hablando, y ha incidido en que ahora habrá el “sosiego suficiente” para acabar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), otorgar las licencias y cerrar acuerdo de responsabilidad patrimonial. Y se ha asegurado que no cabe orden de derribo hasta que el TC se pronuncie.
Aunque aún no se ha presentado la providencia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el consejero cree que, cuando les piden que presenten alegaciones, es porque la Sala de lo Contencioso del TSJC entiende que esta Ley puede ser objeto de inconstitucionalidad.
“Desde el punto de vista práctico”, ha explicado el titular de Urbanismo, “significa que esta figura va a quedar en suspenso hasta que el TC se pronuncie”. Esta cuestión de inconstitucionalidad se refiere a las 32 viviendas del edifico Las Torres de Escalante que ya obtuvieron sus autorizaciones provisionales. “En este caso desde el Gobierno de Cantabria”, ha insistido Fernández, “volvemos a hacer un llamamiento de tranquilidad a los afectados y ha reiterado que, tanto desde la administración regional como desde la municipal, vamos a seguir trabajando para aprobar los PGOU y dar las licencias”. En su opinión puede darse el caso que, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, algo que puede llevar entre un año y medio o dos, “las licencias ya estén concedidas y estos procedimientos pueden quedar sin objeto”.
Para los vecinos este planteamiento de inconstitucionalidad significa que sus viviendas van a contar con este título amparado por la legalidad y “vamos a llegar a otorgar las licencias en esta legislatura”, ha aseverado. Javier Fernández ha recordado que en este momento hay 73 viviendas con autorización provisional, Escalante y Piélagos, y espera que, antes de fin de año, se hayan dado 450.
A preguntas de los periodistas sobre la opinión de ARCA acerca de las indemnizaciones el consejero se ha mostrado tajante al afirmar que, “sobre cómo hay que indemnizar a las familias ARCA no tiene nada que decir”.
En la providencia que la Sala de lo Contencioso del TSJC ha trasladado al Gobierno de Cantabria las partes tienen 10 días para alegar sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En este sentido, la Sala entiende que la Ley 2/2011 puede adolecer de falta de competencia de la Comunidad Autónoma para alterar la legislación procesal en cuanto al procedimiento de ejecución judicial que ellos entienden que es competencia del Estado, conforme al artículo 149.1.6 de la Constitución. Asimismo, la Sala también entiende que puede ser inconstitucional por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las sentencias, artículo 24.2 de la Constitución o por si vulnera el artículo 117.3 de la CE.
