El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha comprometido hoy a colaborar activamente con las comunidades autónomas de Cantabria y Galicia en su intención de configurar un frente común en la Cornisa Cantábrica para verificar que las industrias lácteas efectivamente cumplen lo dispuesto en el Real Decreto que regula la formalización de contratos lácteos con los productores. El Gobierno de Baleares ha anunciado también su intención de sumarse a las inspecciones.
Bajo la premisa “tolerancia cero frente a quienes intenten condicionar la firma de un contrato por debajo de los costes de producción y frente a las posiciones de dominio”, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, ha mantenido en Madrid un encuentro de trabajo con la consejera de Medio Rural y Mar de Galicia, Rosa Quintana, así como con el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas; y los directores generales de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, y de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda.
Martínez presentó a los responsables del Ministerio los resultados preliminares de los registros ya realizados en varias industrias de la comunidad autónoma, y que en un alto porcentaje han dado como resultado “la existencia de presuntas irregularidades en los contratos sobre las que ahora tendremos que indagar en el transcurso del procedimiento administrativo”.
“No se trata de una caza de brujas”, matizó la consejera, “sino de establecer un sistema de control con plenas garantías para todas las partes que nos ayude a que la industria tenga márgenes de rentabilidad, porque es indispensable y son un elemento indispensable para apuntalar el futuro por el que trabajamos por el sector vacuno, pero sin que ello se traduzca en situaciones insostenibles para la cuenta de explotación de nuestras estabulaciones. En ese escenario no caben los abusos de poder y sí el respeto de las partes a una misma regla de juego”, señaló.
Tanto Martínez, como los responsable del Ministerio y la consejera gallega, expresaron la procedencia también de que Asturias llegue a sumarse al frente común constituido en la Cornisa. “Las tres comunidades autónomas tenemos un interés común, que no es otro que garantizar rentas dignas para el sector y que se cumpla la legalidad, y la experiencia y el sentido común nos dice que podremos alcanzar antes ese objetivo si vamos de la mano, si trabajamos conjuntamente para inyectar estabilidad en un mercado que es excesivamente volátil”.
La consejera cántabra recordó en este sentido otras medidas impulsadas por el Gobierno regional para evitar fluctuaciones a la baja en el precio de la leche. A este respecto, citó por ejemplo cómo Cantabria ha liderado la puesta en marcha de controles de calidad de la leche en el ámbito del país (Plan de Control Nacional de la calidad de la leche transportada en tanque y campaña de inspección de la leche de consumo tratada térmicamente).
Martínez aludió además al control de la venta a pérdidas en grandes superficies para evitar que la leche se utilice como un producto reclamo, así como la creación de la certificación ‘Leche de vaca de Cantabria’, “que otorga valor añadido a la producción láctea de nuestros ganaderos”, o la contribución al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ya aprobado por las Cortes Generales.
A todo ello se añade el apoyo al control lechero, “como herramienta tanto de la mejora genética de nuestras explotaciones como de gestión del día a día de la granjas”, o la Orden que regula la comercialización de productos elaborados con leche cruda de vaca, el reforzamiento de ayudas a la recría, el impulso del liderazgo en mejora genética con Aberekin, la rebaja de la fiscalidad en las explotaciones y, sobre todo, el nuevo Plan de Desarrollo Rural, que no sólo integra más fondos Feader, sino que se complementa con un aumento anual de 8 millones de euros para el vacuno en pagos acoplados (Primer Pilar)”, expuso.
