La Comisión Europeaha dado la razón a Cantabria y «ha legitimado, avalado y reforzado» la política industrial del Gobierno autonómico al estimar que las medidas implantadas para atraer empresas y empleo a nuestra región no constituyen una ayuda del Estado incompatible con el mercado interior, tal y como el Ejecutivo «siempre ha defendido», frente a la polémica suscitada por el Gobierno vasco y la posterior denuncia de la Diputación de Vizcaya.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, han comparecido en rueda de prensa para dar a conocer el informe de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, que ha calificado como una «buena noticia» para Cantabria.
Según este informe, la política industrial de Cantabria «encaja perfectamente» en la normativa comunitaria y no constituye una ayuda de Estado, por lo que «quedan zanjadas todas las dudas que quisieron generar las instituciones vascas sobre este proyecto de atracción de empresas y empleo», ha remarcado el presidente
En su opinión, la decisión del órgano de la Competencia de la Comisión Europea «desmonta uno a uno todos los argumentos de la Diputación de Vizcaya, a quienes ha agradecido la «publicidad gratuita» que han propiciado con su demanda ante la Unión Europea.
El respaldo conseguido en Europa, resalta Diego, la convierte en una medida «aún más importante, innovadora y de trascendental repercusión» a nivel nacional y europeo, por lo que el Gobierno de Cantabria dará un paso más y ha decidido intensificar su campaña promocional e informativa fuera de la comunidad para atraer más empresas a la región y generar empleo y riqueza.
En esta línea, ha aprovechado para hacer un llamamiento a los empresarios de todo el país para que «vengan a conocer las oportunidades que Cantabria ofrece», un «paraíso empresarial con excelentes condiciones para desarrollar sus negocios y generar riqueza», que cuentan además con el «aval legal de la Unión Europea».
El presidente ha recordado la actuación «incongruente y dispar» de las instituciones vascas respecto al plan de comercialización de suelo industrial. Mientras la Diputación de Vizcaya cuestionaba la legalidad y presentaba una denuncia ante la Comisión Europea, la diputación de Álava, por su parte, «copiaba esta medida y preparaba una oferta con idénticos planteamientos a los nuestros».
Alcance de la política industrial
Esta iniciativa del Gobierno de Cantabria, legitimada y avalada ahora por Europa, consiste en la constitución de un derecho de superficie sobre el suelo industrial durante un periodo de 50 años. La empresa abona, a cambio de este derecho, un canon anual del 6% del precio del solar a partir del sexto año; y se establece, por tanto, un periodo de carencia de 5 años, lo que se traduce en suelo «gratis» durante ese periodo, a condición de cumplir unos requisitos de permanencia, inversión y empleo.
Además, se posibilita el ejercicio de una opción de compra bonificada durante los 15 primeros años y la medida se acompaña de una línea de financiación específica en condiciones ventajosas.
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha informado que en virtud del Plan Industrial de Cantabria se ha propiciado hasta el momento la comercialización de 105.000 metros cuadrados de suelo industrial y la instalación de 34 empresas que han generado una inversión de 50 millones de euros hasta el momento. Un tercio de estas empresas se han acogido a los beneficios del derecho a superficie, que posibilitasuelo «gratis» durante un periodo de cinco años, a cambio de cumplir unos requisitos de permanencia, inversión y empleo en Cantabria.
