El Gobierno de Cantabria ha aprobado destinar 3 millones de euros a la financiación de 34 iniciativas singulares de empleo, que se ejecutarán en diversos municipios de la región y que supondrán la contratación de 425 trabajadores. El presidente autonómico, Ignacio Diego, ha hecho pública la resolución, que supondrá la puesta en marcha durante los próximos meses de 34 proyectos de creación de empleo en 25 ayuntamientos y cinco mancomunidades de Cantabria.
Unas iniciativas que supondrán además la ejecución de nuevos servicios o actividades económicas “de valor añadido e innovadoras”, así como actividades orientadas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y medioambiental de los municipios, todas ellas, ha destacado el presidente, “susceptibles de generar empleo con posterioridad, por cuenta propia o a través de microempresas, cooperativas y sociedades laborales”, por lo que bajo este criterio se han seleccionado los proyectos municipales.
Las ayudas repartidas por el Ejecutivo a los municipios para la creación de los 425 puestos de trabajo oscilan entre los 33.000 y los 228.000 euros por proyecto, según informa el Gobierno en nota de prensa.
El presidente ha destacado el “impulso al empleo” que durante el próximo año se producirá en los municipios de Cantabria, donde el Ejecutivo ha priorizado las inversiones en este ámbito.
De hecho, en los presupuestos elaborados para el año 2015 se recogen actuaciones en los ayuntamientos para la contratación de personas desempleadas y otras iniciativas de empleo municipales, que alcanzarán los 41 millones de euros de inversión.
Según Diego, el Gobierno de Cantabria “apuesta por la vía de los hechos, y de forma firme por colaborar con los ayuntamientos y crear empleo”, y con este objetivo ha elevado la financiación destinada “a cifras históricas”.
El Gobierno mantiene con los presupuestos del próximo año el “espíritu de colaboración y el compromiso por el crecimiento económico y social de todos los municipios de Cantabria”, en especial, ha dicho, con los municipios más pequeños y de menor población, que son los que “tienen más dificultades para la prestación de los servicios públicos”.
