El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado este que las familias de Cantabria pagarán el año próximo alrededor de 7 millones de euros más que en 2011 por el canon de saneamiento, un incremento de casi el 80 por ciento que consolida la nueva Ley de Abastecimiento de Agua actualmente en trámite en el Parlamento.
En contra del compromiso electoral del PP de situar las tasas de este canon en los niveles de 2008, De la Sierra ha asegurado que las tarifas que establece la nueva ley suponen un incremento del 75 por ciento en la cuota fija y de algo más del 78,5 en la cuota variable que pagan los hogares cántabros respecto a lo que pagaban al inicio de la legislatura.
«El debate ha sido muy oportuno, porque hechos como éste demuestran que la política fiscal de este Gobierno ha supuesto un quebranto muy importante a la economía de las familias de Cantabria y que, lejos de la falsa la imagen de reducción de la presión fiscal que intenta transmitir el presidente, la supuesta mejora es un auténtico fraude», ha declarado a través de un comunicado.
De la Sierra ha criticado además que el canon que «establece, regula y cobra» el Gobierno de Cantabria tenga que ser recaudado por los ayuntamientos «a su costa y sin ninguna compensación», debido a la obligación que les impone la ley «con un importante coste en gastos de gestión y posibles quebrantos».
A su juicio, no es éste sin embargo el mayor defecto de la nueva ley en relación con los entes locales, sino que resulta «aún más grave» la imposición a los municipios de nuevas competencias en materia de saneamiento, con «un aumento enorme de los costes, imposibles de asumir para la mayoría de los ayuntamientos rurales».
En este sentido, ha rechazado la imposición a las administraciones locales de la obligación de depurar todos los núcleos menores de 25 habitantes y ha advertido que sus presupuestos son «absolutamente insuficientes» para asumir una responsabilidad que tiene un coste de «cientos de miles de euros».
El portavoz del PRC ha agregado que esta modificación es «ilegal», porque incrementa las competencias de los municipios más pequeños y con menos recursos, «sin garantizar los medios suficientes de financiación, como obliga la legislación vigente, y exponiéndoles además al riesgo de importantes sanciones económicas si no son capaces de ejercer esa nueva competencia».
«Estamos ante un nuevo golpe contra los ayuntamientos rurales, que durante esta legislatura han sufrido más que nadie las políticas antimunicipalistas del Partido Popular», ha lamentado.
En términos generales, Rafael de la Sierra considera que la nueva Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Agua constituye «una herramienta de recaudación», con la que el Gobierno de Ignacio Diego «sangrará aún más a las familias y a los ayuntamientos de Cantabria».
