La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha opinado que la tramitación que está realizando el Gobierno regional de una docena de solicitudes para instalar parques eólicos es una «flagrante ilegalidad» y no descarta pedir medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo que tiene contra el Plenercan y la ley eólica regional o, incluso, valora «el inmediato ejercicio de acciones en el ámbito penal».
Dos días después de que el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, anunciara en el Pleno del Parlamento regional del lunes la tramitación de estas solicitudes, el colectivo remitió un escrito para reclamarle una entrevista y pedirle ver los expedientes sobre las implantaciones, además de una copia de la documentación y de que se certifique qué normativa se está aplicando en este proceso.
La Plataforma ha señalado que la ley eólica ha sido objeto de reciente acuerdo con la Administración central para llevar a cabo, a su juicio, una «modificación sustancial» por lo que este colectivo supone que «estará en trámite» una «desconocida, importante y urgente modificación», según ha apuntado en un comunicado.
Este colectivo se ha quejado de que el Gobierno regional no le haya «notificado nada» administrativamente sobre este proceso por ser parte interesada.
Además, ha subrayado que se desconoce «la exacta ubicación de los parques, instalaciones de acceso, subestaciones y líneas de transporte de la energía que se pretende generar –elementos que en estricta técnica jurídica constituyen cada parque–, así como quiénes son los solicitantes y cuál la norma concreta que se aplica en el actual trámite.
Ante esto, la Plataforma considera que, al margen de estarse «vulnerando la normativa que defiende el derecho de todos a la transparencia, información y participación política», se está generando «indefensión» en el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de los afectados e incluso al mismo tiempo, salvo pacto previo entre Administración, bancos y empresas eléctricas, se estarían causando perjuicios a otros posibles interesados en la instalación de parques en nuestro territorio.
