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El Gobiernode Cantabria ha aprobado sendos convenios para compensar a los afectados por las sentencias de derribo de 100 viviendas de las urbanizaciones Pueblo del Mar y Llamas II, ambas localizadas en el municipio de Argoños.
El Gobiernoestima que ambas urbanizaciones sobre las que pesan órdenes de derribo pueden encajarse con posteridad en el planeamiento urbanístico y tener nuevas licencias.
De cualquier forma, a través de estos acuerdos compensatorios, el Ejecutivo garantiza a los propietarios afectados una vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente.
Durante el proceso de legalización de estas viviendas, las familias afectadas tendrán derecho a que la Administración Autonómica corra con todos los gastos que se produzcan, según se recoge en el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno.
Además, en el caso de que estos procesos no prosperasen, las familias serán indemnizadas, pudiendo optar por una compensación económica fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.
Este es el modelo de convenio que ya se ha materializado anteriormente para otras 69 viviendas de Escalante y de Liencres, que el Ejecutivo estima se pueden acoger al proceso de legalización impulsado.
Para aquellas viviendas con sentencia firme de derribo que no pueden legalizarse, el Gobierno ha previsto otro tipo de acuerdos de compensación, como el rubricado el pasado mes de marzo con los propietarios de las viviendas de La Arena, en Arnuero, el que se compromete a entregarles una nueva casa de características similares a la suya y, si no cumple con ello, les indemnizará por el importe que fije un tasador independiente.
