El equipo de Gobierno sigue en su empeño de conseguir poner en el mercado, en régimen de alquiler social, para las familias que más lo necesitan, las 78 Viviendas de Protección Oficial que tiene la SAREB en Ganzo; una promoción que data de 2011 y que nunca se ha llegado a comercializar, ni ocupar, debido a deficiencias en el remate de la obra, lo que ha impedido que obtenga la licencia de primera ocupación.
Tras muchas gestiones del concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, con la SAREB (Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tras su llegada en 2014 a la concejalía, encaminadas a que la entidad cediese esas 78 viviendas al Gobierno de Cantabria para futuros alquileres sociales, tal y como se ha hecho, ha recordado Oyarbide, en otras Comunidades Autónomas como Cataluña o Badajoz, el titular municipal de Urbanismo ha dado a conocer esta mañana la situación en la que se encuentran estas viviendas, en su opinión ‘alarmante, ya que corren el peligro de tener que ser derribadas’, ha informado.
El concejal ha explicado que la licencia de VPO que ‘provisionalmente’ le fue concedida a la citada promoción por el Gobierno de Cantabria en 2007, está ‘técnicamente caducada’, ya que la urbanización terminó de construirse en 2011 y, desde entonces, ni la promotora llevó a cabo los remates pertinentes para obtener la licencia de primera ocupación, ni el anterior equipo de gobierno se preocupó porque la promotora cumpliese su obligación de terminar correctamente la obra para conseguir la citada licencia.
Así, según el edil, sería lo que ha calificado como ‘dejadez y despreocupación del anterior equipo de Gobierno por este asunto de carácter social (ya que las viviendas se pondrían a disposición de familias con problemas económicos), lo que ha provocado que estos dos bloques de pisos estén a punto de tener que derribarse y no cumplir, por tanto, la función social para la que fueron concebidos’.Según Oyarbide, el anterior equipo de Gobierno tenía la ‘obligación de velar porque la promotora terminara correctamente la obra, porque es ‘nuestra obligación política y pública, ha dicho, preocuparnos por los proyectos y más los de carácter social’.
Oyarbide ha sido claro; ‘nosotros concedemos licencias y tenemos el deber de controlar y preocuparnos de que éstas se ejecuten correctamente, máxime, ha añadido, cuando en esta obra hay afectado un vial público’.
No obstante, tras la intención del edil de agilizar el tema y los contactos directos llevados a cabo con la SAREB, que se ha interesado, e incluso visitó el pasado 3 de marzo esta promoción en Torrelavega, Oyarbide ha asegurado que ‘hay plena voluntad por ambas partes de solucionar el problema’, explicando que aún tendría alguna posibilidad de arreglarse, ya que el Gobierno de Cantabria aún no ha notificado a la SAREB que la licencia haya caducado y, por su parte, la SAREB esta totalmente dispuesta a realizar las obras o remates pertinentes para poder sacar al mercado esta promoción de VPO y cedérsela al Gobierno de Cantabria para ponerlas en régimen de alquiler social. No obstante, en este punto, Oyarbide ha indicado que aún no estaría determinado si sería en régimen de venta social o alquiler social, en todo caso el precio de esta promoción sería de 1.500 euros el metros cuadrado, ha precisado.
‘La pelota está en el campo del Gobierno de Cantabria, ya que la calificación de VPO es una competencia autonómica, y está en su mano, ha dicho el edil, volver a calificar como VPO la promoción, de la forma jurídica que ellos disponen para hacerlo, retrotrayendo el expediente o autorizándolo, ha subrayado el edil. ‘Creo que en vista de la disposición total del Ayuntamiento y de la SAREB a solucionar el problema, el Gobierno de Cantabria debería recalificar la promoción’, ha manifestado.
Preguntado por los periodistas si ya ha habido contactos con el ejecutivo regional para conseguir ese objetivo, el edil ha explicado que los técnicos sí se han puesto en contacto con el Gobierno de Cantabria y ‘por eso sabemos que la licencia ha caducado pero yo he solicitado una reunión con el director general de Vivienda y aún no he obtenido contestación’, ha concluido.
