Según ha establecido el Ejecutivo, podrán acceder al ‘ticket social cántabro’, las personas mayores de 18 años, menores con cargas familiares o que tengan más de 16 años y estén emancipados por decisión judicial, que además cuenten con unos ingresos que no superen el 150% del IPREM, es decir, que estén por debajo de 798,77 euros, teniendo en cuenta que el IPREM está fijado en 532,51 euros para el año 2016.
En caso de que la unidad familiar cuente con más de un miembro, se incrementará en un 30% el porcentaje por la segunda persona integrante (ingresos inferiores a 1.038,40 euros), en un 20% por el tercer miembro de la unidad familiar (menos de 1.246,08 euros de ingresos al mes) y en un 10% a partir del cuarto (ingresos inferiores a 1.370,69 euros).
Los beneficiarios también deberán estar empadronados o tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma durante al menos los seis meses anteriores a la solicitud del bono, salvo que sean mujeres víctimas de violencia de género, en las que concurran circunstancias que les impidan la disponibilidad de sus bienes o que se encuentren en un estado de necesidad debidamente acreditada mediante informe social de los servicios sociales de atención primaria.
Tampoco se exigirá el requisito de empadronamiento o residencia efectiva para personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud.
Además, ninguna de las personas que integran la unidad familiar podrá disponer de bienes muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, salvo causa justificada.
Además, el Ejecutivo ha establecido que las personas que reciban el bono podrán adquirir productos alimentarios de primera necesidad (verduras, fruta, pescado, carne, leche, etc), productos infantiles, como papillas hasta seis meses, pañales, toallitas limpiadoras, etc., y productos de higiene personal y del hogar (gel, champú, detergente, fregajuelos, escobas, entre otros).
Todos estos bienes se podrán adquirir en los establecimientos comerciales con los que Cruz Roja establezca un acuerdo de colaboración.
El Ejecutivo ha optado por poner en marcha esta medida en colaboración con Cruz Roja teniendo en cuenta la amplia experiencia de esta organización en la atención a personas en esta situación y para dar la máxima agilidad a esta medida que garantizará la cobertura de las necesidades básicas.
El Gobierno avanza así en la puesta en marcha de este programa, incluido en el Plan de Emergencia Social, que con una inversión total de 86 millones de euros contiene 100 actuaciones para paliar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan 160.000 ciudadanos de la región, de los cuales 120.000 ya están por debajo del umbral de pobreza o exclusión social.
