La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos ha afirmado que el Gobierno de Rajoy «hizo caer a mínimos» la Ley de Dependencia y ha destacado, por el contrario, la «defensa heroica con recursos propios» que la comunidad autónoma de Cantabria está haciendo de la misma y que «no está teniendo la respuesta del Gobierno de España ubicado en una situación negacionista de su corresponsabilidad».
Por este motivo ha demandado al Gobierno de España un Pacto de Estado sobre la dependencia dotado con una financiación suficiente para la sostenibilidad del sistema, que alcance los niveles existentes en 2012, y ha instado al Estado a reconocer la deuda en materia de dependencia con Cantabria en una partida presupuestaria extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Eva Díaz Tezanos ha afirmado que el incumplimiento de la Ley, por parte del Estado, nos «avocará a un colapso del sistema», y en este sentido ha señalado que si esto no ha ocurrido en Cantabria, es por su «priorización de lo social» en el presupuesto. «Nos obligan a hacer un esfuerzo presupuestario tremendo para poder atender a todas las personas dependientes un total de 16.442 personas con prestaciones, 6.078 personas con plazas en centros, 943 personas que cuentan con el servicio de teleasistencia y 921 personas en ayuda a domicilio», ha afirmado.
Díaz Tezanos ha aprovechado el seminario de la UIMP en el que se analizaban los 10 años de desarrollo de la ley de dependencia para defender este texto con «uñas y dientes» frente al intento reiterado del Partido Popular de presentarla como «insostenible recortando su propia aportación». En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que nuestra Comunidad Autónoma «no sólo está demostrando que es viable, sino que es una Ley muy necesaria, a la que no estamos dispuestos a renunciar», por lo que ha exigido al Estado que salde la deuda histórica con Cantabria y las personas dependientes de nuestra región.
Asimismo, ha apostado por una recuperación económica que «llegue a las familias y no se quede sólo en las grandes empresas» y de la Ley de Dependencia ha destacado su fuerza «generadora de puestos de trabajo directos que se consolidan en un sector profundamente feminizado» que reconoció, por primera vez en nuestro país, el derecho de las personas que no pueden valerse por si mismas a ser atendidas por los poderes públicos y a poner el foco sobre el invisible trabajo que mujeres realizaban y que pasaron de tener un empleo invisible a un trabajo remunerado.
Según la vicepresidenta, el Ejecutivo central lleva años incumpliendo la Ley, ya que debería aportar el 50% del gasto público certificado y no lo hace, y no ha podido más que expresar su indignación al referirse a las cifras invertidas por ambas Administraciones. «No puede ser que Cantabria, en 2016, haya invertido 101 millones de euros en el desarrollo de la Ley, y de ellos, el Estado sólo haya destinado 16,4 millones pese a que la Ley que lo regula marca que debe ser al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado». «Debería abochornarles- ha apuntado- por eso exigimos que el Estado defienda la Ley de Dependencia y una financiación suficiente».
Durante el desarrollo del curso, el presidente del Observatorio Estatal para la dependencia, José Manuel Ramírez, «el Estado le debe a Cantabria, cada año, 9 millones de euros, con lo que Cantabria podría atender a 1200 personas más y generar casi 200 puestos de trabajo nuevos. Además, Cantabria es la primera Comunidad Autónoma en inversión por persona dependiente, con más de 900 euros».
