La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha abogado hoy por «extender y garantizar» los derechos fundamentales y sociales conquistados en los últimos 40 años para adaptarlos a la realidad de la sociedad española. A juicio de Díaz Tezanos, la Constitución del 78 fue «un modelo de acuerdo, de consenso, de madurez de la sociedad española», algo reconocido «por todos» que «necesita adaptarse a las transformaciones sociales que el transcurso del tiempo impone» y que ha de hacerse «desde el diálogo y el consenso, sin socavar ninguno de los pilares de nuestra ley de leyes».
La vicepresidenta ha realizado estas afirmaciones durante la inauguración del encuentro ’40 años de derecho administrativo postconstitucional (a propósito de un libro y de un aniversario’, que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que tiene como referencia la conmemoración de las cuatro décadas de vigencia de nuestra Constitución Española.
Díaz Tezanos ha llamado a llevar a cabo «sin miedo, con ilusión, con esperanza» una serie de transformaciones que «modernizarán y adecuarán al siglo XXI nuestra norma fundamental». Al mismo tiempo, ha apuntado que la Carta Magna nos ha dado en estos 40 años «la mejor etapa de libertad y bienestar para todos los españoles y españolas».
En este sentido, Eva Díaz Tezanos ha apostado por una reforma que introduzca mecanismos que garanticen no solo la pervivencia del estado social, sino también que «lo mejore o lo desarrolle» a través de «mecanismos que blinden derechos» como la atención a las personas dependientes o la sanidad pública universal».
También ha expresado la necesidad de que se garantice la sostenibilidad medioambiental; se refuerce el derecho al trabajo y a la negociación colectiva y una mejor atención a la diversidad y a la discapacidad, suprimiendo la referencia a «disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales».
Además, Eva Díaz Tezanos ha abogado por extender el concepto del derecho a la educación para reflejar que «el conocimiento, la ciencia o la investigación son fundamentales para el desarrollo de los territorios» y, por lo tanto, debe garantizarse el sistema y «protegerse de los devenires económicos y políticos».
Igualmente, deben incorporarse a las reformas una serie de «nuevas concepciones sociales» que se han ido abriendo paso y que sin duda «fortalecerán nuestros derechos». En este sentido, ha llamado a regular y proteger el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el respeto a los derechos de los colectivos LGTBI o a atender la corresponsabilidad familiar y laboral como una manera de «ampliar nuestras libertades como individuos y como sociedad».
También ha calificado de «imprescindible» la incorporación de una regulación «expresa y específica» de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda a ámbitos como el empleo, las condiciones de igualdad en el trabajo, el derecho de las mujeres «a la salud, a la vida o a la protección frente a la violencia machista, a la libertad de decidir por sí mismas y al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género».
Respecto del modelo territorial, «abierto» y «sin acabar de precisar», para la vicepresidenta del Gobierno, es necesario regularlo constitucionalmente, «fortaleciendo el modelo autonómico, la convivencia entre autonomías».
Para la vicepresidenta, «es necesario un nuevo pacto territorial para reforzar un sistema descentralizado que, con sus defectos, nos ha dado el mejor periodo de la historia». Se trataría, ha añadido, de un acuerdo que, «con los mimbres de un estado federal», incluya «el principio de lealtad entre Estado y comunidades autónomas» e impulse «instrumentos de cooperación y colaboración entre las administraciones» y que «racionalice, clarifique y complete el sistema de distribución de competencias y que reconozca las singularidades de las distintas nacionalidades y regionales».
Al mismo tiempo, Díaz Tezanos ha señalado el deber de «reforzar nuestra vocación europeísta, colocando a España a la vanguardia de la Europa social y solidaria».
Se trata, ha precisado, de un compromiso que «asegure que nuestro sistema de derechos fundamentales responda al nivel de protección propio de nuestra condición de estado miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea». Concretamente, ha citado la respuesta a los valores de la Europa «respetuosa, solidaria, tolerante y plural, que garantice el derecho de igualdad y no discriminación a cualquier ciudadano del mundo, fortaleciendo el derecho de acogida, asilo y garantice la protección efectiva de quienes lleguen a nuestro país».
En la apertura del encuentro han acompañado a la vicepresidenta el director del curso, Luis Martín Rebollo, catedrático de derecho administrativo, y el director de servicios universitarios de la UIMP, Ignacio González. Este encuentro, en el que participan discípulos del profesor Martín Rebollo, colaboradores y reconocidos especialistas en la materia, es también «un homenaje al maestro», ya que tiene su punto de partida en el libro ’40 años de Derecho Administrativo Postconstitucional y otros ensayos rescatados’.
