La sentencia acepta la reclamación del Ejecutivo cántabro contra la desestimación por silencio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la reclamación presentada en octubre de 2017 por el director gerente del Servicio Cántabro de Salud para urgir la formalización de dicho convenio, con el fin de articular la citada subvención nominativa, introducida mediante enmienda en la Ley de Presupuestos de 2016.
Sin embargo, no realiza ninguna declaración respecto a la cantidad reclamada, al entender que el importe «vendrá determinado por las concretas estipulaciones y bases reguladoras que las partes establezcan».
En contra de los argumentos de la Abogacía del Estado, que se opuso al recurso por considerarlo extemporáneo y aduciendo inexistencia del acto impugnable, la Audiencia considera justificada «la fundada creencia» de la Administración cántabra, dado que estaba basada en «actuaciones concretas y determinadas», y señala que actuó amparada «en la confianza razonada y razonable de un convenio que a todas luces estaba en ciernes a falta de perfilar aspectos puntuales, que no consta que fueran sustanciales».
«El principio de la buena fe protege la confianza legítima que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio», argumenta el tribunal, para quien este principio «implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes ‘venire contra factum propium'».
También indica que el Gobierno de Cantabria adaptó su capacidad económica en función de un marco convencional que «no era una posibilidad», ni «algo meramente futurible», dado que en los años anteriores se habían formalizado convenios para articular el pago de 1 millón de euros en 2013, 28 millones en 2014 y otros 28 millones de euros en 2015.
Llamamiento al Estado
Tras conocer la sentencia, contra la que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, el Ejecutivo cántabro ha realizado un llamamiento a la Administración central para que asuma el «error» cometido en 2016 y agilice los trámites necesarios para formalizar el convenio que haga posible la llegada a Cantabria de los 22 millones de euros pendientes desde hace 4 años.
De hecho, considera que «seguir demorando» ese pago, una vez reconocidos por la Audiencia los derechos de la Comunidad Autónoma, supondría «seguir vulnerando los principios de buena fe y confianza legítima» y «seguir privando a los cántabros unos recursos económicos a los que legal y moralmente tienen todo el derecho».
«La deuda de Valdecilla acumula ya demasiados años de retraso, por lo que esperamos que el Gobierno de España actúe de una vez por todas con responsabilidad y coherencia y cumpla por fin sus compromisos», ha concluido.
