La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha informado de los avances en la elaboración de la norma, tras prorrogar el Gobierno de Cantabria, esta misma semana, la suspensión de la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas en Cantabria, hasta la aprobación definitiva de la ley.
Los miembros del grupo de trabajo han planteado hasta el momento las medidas y cuestiones que debe recoger la futura ley, lo que ha servido al Gobierno autonómico para elaborar un primer texto normativo con el que seguir trabajando y que será abordado en una reunión convocada para el 18 de diciembre.
Según ha destacado la consejera de Presidencia, Cantabria ha sido pionera en las medidas de juego responsable, que han sido impulsadas desde 2018, “en respuesta a la sensibilidad de la población” respecto a este sector. Por eso, ha asegurado que la ley de Cantabria aunará dar cabida “a una actividad importante para la actividad económica”, pero “pondrá el foco en la protección de los sectores más vulnerables y en reducir sus efectos negativos”.
Hasta el momento y con el fin de ajustar la oferta de salas de juego a la población, el Gobierno de Cantabria estableció una distancia mínima de 500 metros a los centros escolares y entre salones de juego -la distancia más restrictiva vigente en el país-, y ha suspendido de forma temporal las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, mientras se tramite la nueva norma, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.
También, la Consejería de Presidencia ha establecido una caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura.
Por otro lado, ultima el decreto del servicio de admisión obligatorio, que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.
Miembros del grupo de trabajo
El grupo de trabajo de la nueva ley del juego está formado por miembros de la Dirección General de Interior, Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Asociación Cántabra de Empresas Operadoras (ACEO), Asociación de Empresarios del Juego del Bingo (AEBINCA), Gran Casino del Sardinero y los sindicatos UGT y CCOO, todos ellos integrantes de la Comisión autonómica de Juego.
La Consejería de Presidencia ha sumado a este proyecto de participación pública a otros departamentos del Gobierno autonómico de interés, como la Dirección General de Salud Pública, Servicio Cántabro de Salud, Consejería de Educación y el departamento de Juventud.
También participan representantes de las administraciones locales y de centros de tratamiento de problemas de juego: Asociación Cántabra de ayuda al toxicómano (ACAT), Asociación Montañesa de ayuda al toxicómano (AMAT), Fundación CESCAN- Proyecto Hombre y Fundación Patología Dual.
Cierran el grupo de trabajo otros colectivos sociales importantes, como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA), la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV).
