La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria va a distribución entre los ayuntamientos de Cantabria 140.500 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento de los juzgados de Paz y agrupaciones de secretarías de juzgados de paz en este año 2021. Según ha explicado la consejera Paula Fernández Viaña, esta cantidad, que se reparte entre los municipios en función de su número de habitantes, tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos en el mantenimiento de las instalaciones y los medios instrumentales con los que se prestan los servicios de juzgado de paz y registro civil.
Se trata de una aportación que el Ejecutivo regional realiza desde que asumió las competencias en materia de funcionamiento de la Administración de Justicia, en 2008 y que está recogida en la normativa.
El reparto de estos 140.500 euros se realiza en función del número de habitantes, con una regla correctora para cubrir el exceso de gasto que soportan las agrupaciones de las secretarías de juzgados de Paz. Así, se incrementa la dotación de estas sedes en un 50% de la cantidad que corresponde a cada uno de los juzgados de paz que atienden.
La consejera ha explicado que los juzgados de paz constituyen un parte “esencial” del organigrama judicial sobre todo por los servicios de cercanía y proximidad que prestan a los ciudadanos de municipios que no son cabeza de Partido Judicial.
Por ello el Gobierno de Cantabria defiende la importancia de este servicio público, próximo a los vecinos, sobre todo en comunidades como Cantabria, donde existe una gran dispersión territorial que no debe constituir una merma de derechos y servicios para quienes residen lejos de las sedes judiciales.
Oficinas Municipales de Justicia
Para garantizar la asistencia cercana al ciudadano el Gobierno de Cantabria viene trasladando al Ministerio de Justicia la importancia de que el Programa 2030, que comprende modificaciones normativas organizativas, procesales y tecnológicas de gran calado, preserve esa cercanía al ciudadano, una vez que ente en vigor la Ley de Registro Civil de 2011 − que tras sucesivas prórrogas parece que está en el proyecto 2030 del Ministerio de Justicia−.
Este proyecto 2030 prevé la creación de oficinas municipales de justicia que van a sustituir a los juzgados de paz, y que serán el instrumento idóneo para reducir la brecha territorial y digital, acercando al ciudadano a los servicios públicos con independencia del lugar en el que se habite.
De esa forma, el nuevo modelo de oficina municipal se dirigiría a cubrir no solo servicios de la Administración de Justicia, sino también del conjunto de las administraciones públicas. Entre otras se prevén funciones judiciales de solución amistosa de controversias, registro civil, inmediación a través de sistema de videoconferencia − evitando los costes económicos y personales que generan los desplazamientos y su impacto ambiental −, punto de acceso al expediente judicial, colaboración en el sistema de cita previa con las oficinas judiciales, conexiones con servicios de asociaciones o prestaciones como la justicia gratuita y práctica de actos de comunicación procesal.
En Cantabria existen 19 agrupaciones de secretarias de juzgados de paz y 5 juzgados de paz en los que prestan servicio funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En los restantes 70 municipios que no son cabeza de partido judicial ni disponen de juzgado de paz, el personal propio de los ayuntamientos desarrolla labores, sobre todo, de registro civil.
