Los juzgados de Santander y la Audiencia Provincial derivaron en el último año 190 procedimientos judiciales al servicio de mediación intrajudicial, en su mayoría, el 77 por ciento, por conflictos familiares, y el 23 por ciento restante responden a procedimientos civiles generales. Este es el balance 2020 de este servicio puesto en marcha hace tres años dentro de los juzgados del partido judicial de Santander, gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los colegios regionales de Abogados y Procuradores, y las asociaciones de Mediación y de Derecho Colaborativo.
La crisis sanitaria por la COVID-19 ha causado un descenso del número de asuntos que recibió el servicio de mediación intrajudicial, en concreto, un 36 por ciento menos que durante 2019.
Pese a estas circunstancias, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha puesto el acento en el crecimiento experimentado en el número de casos en los que las partes, en procesos complicados y ya judicializados, han aceptado someterse a mediación, en el 65 por ciento de los asuntos derivados al servicio.
Ha destacado el compromiso de su departamento por impulsar la mediación en Cantabria, como eje para agilizar el servicio de la Administración de Justicia, pero también como medida para facilitar soluciones pactadas y reducir la litigiosidad, si bien, ha considerado necesario el desarrollo de normativas a nivel estatal que apuesten “de forma clara” por el sistema.
En este sentido, ha valorado la propuesta del Ministerio de Justicia, a través del anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que busca hacer obligatoria la mediación para la resolución de los conflictos antes de acudir a los juzgados y tribunales.
“Negociar e intentar una solución pactada mediante la mediación de los conflictos debe ser un mecanismo plenamente generalizado para que realmente sea eficaz y reduzca la litigiosidad en los tribunales”, ha opinado la consejera de Justicia de Cantabria, quien ha asegurado que Cantabria “estará muy pendiente de esta reforma” del Ministerio de Justicia con el fin de “clarificar los mecanismos necesarios y los costes de su efectiva implantación”.
