El Parlamento de Cantabria ha aprobado la proposición de ley impulsada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y rubricada por todos los grupos parlamentarios para otorgar nuevas ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas a las empresas y 300 euros para personas trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La iniciativa ha sido presentada por la titular de Empleo, Ana Belén Álvarez, quien ha recordado que estas ayudas se enmarcan dentro del II Acuerdo del Diálogo Social en Cantabria COVID-19, suscrito el pasado 31 de marzo entre el Ejecutivo regional y los agentes sociales (CEOE-CEPYME, UGT y CC.OO.).
Según ha explicado la consejera, la singularidad de los requisitos planteados para implementar esas medidas “en defensa del empleo” exige la regulación de la concesión de las ayudas mediante una Ley del Parlamento. En este sentido, ha agradecido a los grupos parlamentarios que hayan rubricado por unanimidad esta iniciativa que “permitirá agilizar la tramitación administrativa”.
Ana Belén Álvarez ha indicado que tras la entrada en vigor de la norma, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se abrirá un plazo de un mes para la presentación de solicitudes. Éstas deberán presentarse a través de la aplicación electrónica ‘CONVOC@’ del Servicio Cántabro de Empleo, que será igualmente el órgano competente para la instrucción del procedimiento.
Ha hecho hincapié en que serán las empresas las que deben presentar la solicitud “de manera conjunta”, en su nombre propio (para la ayuda dirigida a empresas) y en el nombre de las personas trabajadoras (para la ayuda las ayudas dirigidas a éstas).
“La solicitud conjunta, formulada de esta manera, permitirá la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes, lo que facilitará el objetivo de que su reconocimiento y pago sea más ágil”, ha indicado Ana Belén Álvarez, que ha apuntado que la propia proposición de ley marca un plazo máximo de tres meses para la resolución de la convocatoria.
La consejera también ha tenido palabras de agradecimiento para el personal del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), que “está abordando tanto lo ordinario como lo extraordinario”, haciendo alusión tanto a la pandemia como el hackeo informático al SEPE que afectó a todos los servicios de empleo autonómicos.
II Acuerdo Diálogo Social
Tal y como sucedió con la declaración del primer Estado de alarma en marzo de 2020, el Gobierno de Cantabria y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Cantabria acordaron el pasado mes de marzo un nuevo marco de medidas con las que contrarrestar los efectos de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.
Así se suscribió el II Acuerdo del Diálogo Social en Cantabria COVID-19, que contempla un conjunto de medidas en defensa del empleo valoradas en 13 millones de euros y organizadas en tres bloques: medidas de apoyo a la contratación, medidas dirigidas a la conciliación y medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad económica.
Dentro de este último bloque, el Acuerdo alcanzado contempla el establecimiento de ayudas dirigidas a apoyar la viabilidad de las empresas y las personas trabajadoras autónomas para reforzar su continuidad y posibilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.
Estas ayudas consistirán en el otorgamiento de una subvención, a tanto alzado, de 300 euros por persona trabajadora por cuenta ajena afectada por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) perteneciente a un centro de trabajo ubicado en Cantabria, ya sea por suspensión de contrato o por reducción de jornada de trabajo, durante un mínimo de 30 días en el periodo contemplado entre el 1 de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, con un máximo de 3.000 euros por empleador.
De igual forma, el Acuerdo contempla el establecimiento de ayudas dirigidas a personas trabajadoras afectadas por ERTE pertenecientes a un centro de trabajo ubicado en Cantabria, ya sea por suspensión de contrato o por reducción de jornada de trabajo. La ayuda consiste en la concesión de una subvención, en pago único, de 300 euros por persona trabajadora.
