El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, ha aprobado hoy un incremento del 7,8%, que se traducirá en cerca de 150.000 euros, en las partidas de justicia gratuita que se destinan a los colegios profesionales de abogados y procuradores. Esta actualización responde a la “imposibilidad absoluta” por parte del Gobierno de Cantabria de obtener a tiempo los informes preceptivos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para aprobar el decreto de justicia gratuita antes de que finalice este año.
“Entendemos que ese es el importe de la actualización que debemos hacer, sobre todo a la vista de la situación inflacionaria que se viene padeciendo durante el último ejercicio y teniendo en cuenta además que siempre hemos defendido una mejora en la retribución de los servicios de justicia gratuita para los abogados y procuradores”, ha subrayado la titular de Justicia, Paula Fernández-Viaña.
Según la consejera, este incremento se aprecia, en mayor medida, en el colegio de abogados, “cuyos módulos son más altos respecto a los de los colegios de procuradores por las diferentes actuaciones que desarrollan en los procedimientos”. En este sentido, desde 2016, el incremento de los módulos supera el 15% para los abogados.
Ahora, el siguiente paso que dará el Ejecutivo cántabro es tramitar por la vía de urgencia esta actualización para que pueda entrar en vigor antes de que acabe el año.
No obstante, tal y como ha concretado la consejera de Justicia, estos importes figuran en el presupuesto del año 2022 “y no exigen realizar ningún reajuste” ya que el importe presupuestado para cubrir el servicio de justicia gratuita es superior al del número de expedientes facturados por los colegios profesionales durante este periodo.
La Comunidad Autónoma de Cantabria lleva tramitando desde el año 2020 un proyecto de decreto de justicia gratuita con la finalidad de mejorar las infraestructuras, organización y funcionamiento de la gestión de la asistencia de justicia gratuita por parte de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.
Sin embargo, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la tramitación del procedimiento se vio afectada, retomándose en 2021. Tras el periodo de alegaciones por parte de los colegios profesionales y otros colectivos, se consiguió los informes jurídicos y económicos por parte de la Asesoría Jurídica y la Intervención del Gobierno de Cantabria, pero cuando llego al Consejo General del Poder Judicial para conseguir los pertinentes no se obtuvo los informes en el plazo correspondiente. Un hecho que ha impedido que el proyecto de decreto de justicia gratuita se aprobase y entrase en vigor durante el ejercicio 2022, que era el objetivo del Gobierno de Cantabria.
Al no haberse producido la aprobación del decreto a tiempo, con la aplicación del actual y vigente, los colegios profesionales han hecho uso de la cláusula que les permite solicitar, previo informe, la actualización anual de los módulos de justicia gratuita.
El Decreto 86/2008, de 11 de septiembre de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria, regula los módulos y bases de compensación económica a los profesionales de la Abogacía y de la Procura que participan en la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita.
