Sólo desde la base cierta de que el lobo no es un colega ni una hermanita de la caridad, sino un depredador astuto, sagaz y certero, se puede empezar a situar el sentido común por encima de la estupidez para darle un principio de solución a una problemática que no sólo vacía las cuadras de los ganaderos, sino lo que es tanto o más grave: sus bolsillos. No tengo duda de que no es preciso explicarle nada de esto al consejero del ramo, Guillermo Blanco, porque lo sabe de sobra y habrá visto de todo en los últimos años, y no todo bueno.
Lo que no tengo tan claro es que pueda trasladarlo en estos términos o similares (que son los que defiende más o menos el Gobierno regional, que apuesta por la convivencia, la seguridad de los ganaderos y la protección de la especie, como no puede ser de otra manera) a quienes a cientos de kilómetros o miles –si se trata de Europa– se la cogen con papel de fumar porque la silla en la que están sentados no depende de que venga una manada de lobos a serrarle las patas con sus afilados colmillos.
La normativa actual (el lobo en el LESPRE sin salvedades) es injusta y atenta contra los derechos de la ganadería. También contra la cuenta corriente de los profesionales del sector, que ya de por sí las están pasando canutas. Como en otros asuntos, jamás atenta contra el sonajero que disfrutan los legisladores en su bolsillo. Ése retingla de maravilla, sin merma ni quita. Al ganadero, por contra, le matan una vaca y se enfrenta a un CSI: demostrar quién se la mató, dónde estaba el animal, si pudo correr, si estaba en buena forma física o si pudo defenderse.
Es obviamente una ironía, pero en el caso de que demuestre que fue el lobo, o el oso, el autor del homicidio –no le hables a la administración de asesinato que se enoja– cobrará una indemnización nunca suficiente y que llegará cuando el papeleo recorra tantas instancias como laberintos.
