Tiene que ser tremendo que desconocidos ocupen tu casa por las bravas, y el dueño legítimo de esa vivienda sufra un auténtico calvario para llegar a recuperar algún día su propiedad, si es que lo consigue. Moleste a quien moleste, se puede asegurar que, en un país de la Unión Europea, como es España, la ley esté antes de parte de quien incumple, que del que paga sus impuestos y vive honradamente de su trabajo. A diario, se produce este suceso de entrar y quedarse a vivir en pisos que son de otros. A continuación, llega la denuncia. Pero ya sea en dependencias policiales, administrativas o políticas, reciben como contestación que con la ley actual no se puede hacer nada. ¡Apaga y vámonos de este país, cada vez más injusto y surrealista!
Tampoco los medios de comunicación, al unísono, se han puesto de parte de quien deben. Lo digo porque una campaña continuada de denuncias públicas, sin parar, se lo hace pensar a cualquier gobierno, aunque esté pendiente de lo que vaya a suceder en las próximas elecciones. Ya decía Pitágoras que con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien. Lo que sucede aquí es que no hay intención alguna de poner orden dentro de este desaguisado de los okupas. A consecuencia de ello, los damnificados se encuentran más solos que la una. Nadie, de los que pueden, les da solución; vagan por las administraciones locales y regionales en busca de una ayuda que nunca llega. Resulta increíble, indignante, bochornoso en un país democrático. ¿Qué hacen al respecto el Gobierno de España, los autonómicos o los ayuntamientos? Principalmente, lavarse las manos. La paciencia de los damnificados es memorable. Aunque dolor y sufrimiento van por dentro, no digamos de las personas mayores que se ven usurpadas de lo que tanto les ha costado ganar y construir durante toda una vida. Por supuesto que en el tema de los okupas se puede hacer mucho más. Tanto como poner orden en lo que, a todas luces, es disparatado. De seguir así, terminaremos por indemnizar a quien nos robe la cartera.
