La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concedido 4.220.149 euros, un 13,55% más que en 2022, a 43 entidades del tercer sector para la realización de 142 programas de interés social, 12 por encima del año pasado, dirigidos a la atención de personas en situación de exclusión social o de especial vulnerabilidad.
Así lo recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de hoy, que publica la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF.
Los programas a desarrollar por las entidades sociales, tal y como apuntan desde la Consejería, “desde la especialización” y como “complemento” a la actividad del Gobierno de Cantabria, permiten hacer frente a necesidades sociales que van apareciendo y que precisan de “atención profesionalizada, flexible y de proximidad”.
De hecho, los 142 programas se enmarcan en alguno de los cuatro ejes de actuaciones subvencionables. Así, se desarrollarán programas de dinamización comunitaria y participación social para promover la información comunitaria, la sensibilización social y la interacción de las personas en sus domicilios y en la comunidad.
Además, los más de 4,2 millones de euros servirán para financiar programas de acogida, orientación, apoyo y seguimiento, dirigidos a familias que necesitan de apoyos en diferentes momentos del ciclo vital: infancia, personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia que necesitan ir tomando decisiones respecto a su futuro y planificando los cuidados que puedan necesitar.
También se subvencionan programas de investigación, desarrollo e innovación que contribuyan a cubrir áreas de atención no atendidas por otros servicios públicos y/o privados, así como la puesta en marcha de programas experimentales de nuevos modos de intervención social.
Por último, también entran en la convocatoria aquellos programas de adecuación y mejora de centros de servicios sociales dirigidos, como el equipamiento destinado a la atención de las necesidades de personas que, por estar en situación de riesgo, de discriminación o por problemáticas sociales específicas, sean especialmente vulnerables.
