El Gobierno de Cantabria convocará, por primera vez en la Comunidad Autónoma, de forma unitaria las oposiciones de policía local para los más de treinta municipios que cuentan con este cuerpo y así lo soliciten.
La Comisión de Coordinación de Policía Local ha dado el visto bueno a esta propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, por la que se afrontará una convocatoria única de oposiciones para los cuerpos de policía local en Cantabria. Para ello, se ha emplazado a los más de 30 ayuntamientos que cuentan con policía local en sus municipios a una reunión, el próximo 10 de abril, para fijar los criterios y el procedimiento a seguir para alcanzar un acuerdo común, una propuesta que ha contado con la aprobación unánime de todos los Consistorios afectados.
El Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) ya trabaja en un estudio para analizar cómo se está llevando a cabo este tipo de convocatorias en otras CCAA, un proyecto que se presentará a los ayuntamientos en la próxima reunión de la Comisión de Coordinación de Policía Local.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha resaltado la importancia de contar con un proceso selectivo unificado a nivel regional para los policías locales de nuevo ingreso, dado que, a su juicio, facilitará la preparación de opositores y aportará una visión «común y unificada» de la formación policial en la Comunidad Autónoma. «Será especialmente útil en aquellos ayuntamientos con menos recursos de personal, ya que facilitará en gran medida la organización y desarrollo de los procesos», ha apuntado.
Además, esta oposición única facilitará la consolidación de las plantillas de policía local, lo que supone una garantía para los municipios más pequeños que, en ocasiones, pierden sus efectivos nada más ser nombrados funcionarios de carrera al aprobar la oposición en otro municipio, lo que permitirá «evitar la competición entre ayuntamientos», ha matizado Urrutia.
La Ley de Policía Local establece que este tipo de procedimientos serán asumidos por la Consejería competente en materia de policía local. Para la organización y ejecución de estas pruebas selectivas los ayuntamientos han de delegar esta competencia a través de un convenio de colaboración suscrito entre el Ejecutivo autonómico y las entidades locales. Estos convenios de colaboración reflejan, al menos las condiciones técnicas y económicas de esa delegación, y han de ser aprobados posteriormente en pleno.
En este sentido, la consejera ha mostrado su deseo para que «sean todos los ayuntamientos los que se sumen a esta convocatoria única, algo que será bueno para todos porque reducirá no sólo los costes de selección, sino también los de formación».
Además, el Gobierno de Cantabria convocará a consulta pública, el próximo mes de abril, las normas marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria. Las normas marco constituyen la normativa de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policía Local, que entró en vigor en enero del pasado año.
Según ha explicado Urrutia era una cuestión «urgente» acometer la reforma de estas normas marco, ya que las vigentes datan de 2003 y se habían quedado obsoletas y, además, deben de responder a la nueva Ley de Coordinación que entró en vigor en 2023. Con esta aprobación de las normas marco abordaremos de forma «más efectiva» las competencias del ámbito de la coordinación de los policías locales, ha asegurado, atendiendo de este modo una «necesaria actualización y regulación de numerosas materias», después de más de 20 años en vigor del actual reglamento.
De forma paralela el Ejecutivo autonómico tramitará el decreto que regule las prácticas de los policías locales. Tal y como ha explicado la consejera, hasta ahora los agentes de nuevo ingreso sólo realizaban un curso básico obligatorio, y con la nueva Ley se contempla que, además, de este curso obligatorio que organiza el Gobierno cántabro para todos los ayuntamientos que cuentan con estos cuerpos, los agentes que superen el proceso selectivo tienen que realizar un periodo formativo de prácticas. Para ello se ha creado un grupo de trabajo que abordará la regulación de estas prácticas y abrirá un proceso de información pública sobre este texto.
