El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Decreto de concesión de ayudas del programa de mejora de la accesibilidad en viviendas de Cantabria, que contará con una partida de 6,4 millones de euros, cantidad susceptible de ser ampliada en función de la demanda.
Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien ha explicado que este tipo de ayudas van dirigidas tanto a viviendas unifamiliares como a comunidades de vecinos.
«Unas ayudas muy demandadas», ha asegurado Media, tanto por vecinos como por el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria, ya que desde el año 2021 no se habían vuelto a tramitar y, que permitirán, entre otras cuestiones, la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas «mejorando la movilidad y la accesibilidad de muchas personas a sus domicilios».
Una iniciativa con la que, según el consejero, «no solo se mejora el parque edificado, sino que, además, contribuye a que el sector productivo de Cantabria genere actividad económica».
Está previsto que el próximo 16 de octubre se publique el decreto en el Boletín Oficial de Cantabria y que las personas interesadas puedan, a partir del día siguiente, presentar sus solicitudes.
Actuaciones subvencionables y requisitos:
Estas ayudas van destinadas especialmente a la instalación de ascensores, pero también incluye otras como colocación de salva escaleras, rampas, automatismos para aperturas de puertas, así como cualquier medida que facilite la autonomía y la vida independiente de las personas con movilidad reducida, tanto en edificios como en viviendas unifamiliares. También se incluyen los dispositivos adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual o la instalación de elementos de información, comunicación o de aviso tales como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y en el interior de viviendas.
Serán subvencionables además la instalación de domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía de personas mayores o con discapacidad, así como cualquier intervención que mejore los parámetros del código técnico de la edificación en su apartado de seguridad, de utilización y de accesibilidad.
Según ha explicado Media, tanto las viviendas como los edificios que opten a estas ayudas deberán haber sido finalizados antes de 2006 y deberán constituir el domicilio habitual y permanente de alguno de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios para el caso de viviendas unifamiliares. En el caso de viviendas de tipología residencial colectiva, al menos el 50% de las viviendas deben constituir domicilio habitual y permanente. Otro de los requisitos será disponer de licencia de obras municipal, así como el correspondiente proyecto o documentación técnica exigible.
Media ha destacado además una mejora que incluye este decreto, en línea con la política de simplificación administrativa del Ejecutivo, que permitirá acortar los plazos en la tramitación de estas ayudas. En concreto, el titular de Vivienda ha afirmado que en esta nueva convocatoria desaparece la fase de calificación en la que, previamente, la Administración comprobaba que la actuación a subvencionar cumplía con la normativa, y se sustituye por una declaración responsable en la que el solicitante o administrador de fincas declara que disponen de toda la documentación exigible.
Sobre este tema, el consejero ha insistido en que, si se detecta a posteriori que la documentación requerida no existe o no es la correcta, el propietario se enfrenta al riesgo de la pérdida o la revocación de esta ayuda.
Aumento de las cuantías subvencionables
Durante su intervención, Media ha destacado la actualización de las cuantías subvencionables frente a convocatorias anteriores.
En concreto, en el caso de viviendas unifamiliares, la ayuda tendrá un límite del 40% del coste de la actuación. En el caso de que en la vivienda resida una persona mayor de 65 años o con discapacidad este límite se elevará hasta el 50% del coste de la actuación.
La cuantía máxima se ha aumentado de 8.000 a 12.500 euros por vivienda. En caso de que exista una persona con discapacidad de hasta el 33% esa ayuda se elevará hasta los 15.000 euros y si reside una persona con una discapacidad igual o mayor al 33% la ayuda será de 18.000 euros. Todos ellos con esos topes del 40 o 50% que he citado anteriormente.
Por otro lado, en edificios de comunidades de vecinos, estas ayudas tendrán un límite del 40% del coste de la actuación, y en el caso de que en el edificio resida una persona mayor de 65 años o con discapacidad, este límite se elevará hasta el 50% del coste de la actuación. Además, la cuantía máxima subvencionable pasa de 8.000 a 9.000 euros por vivienda. Si reside una persona con discapacidad de hasta el 33%, esa ayuda se elevará hasta los 15.000 euros y si reside una persona con una discapacidad igual o mayor del 33%, la ayuda se será de 18.000 euros.
En este caso los locales comerciales, si existen, recibirán una ayuda de hasta 90 euros por metro cuadrado construido. Todos ellos con esos topes del 40 o 50% que he citado anteriormente.
Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos y juntas vecinales:
Durante su intervención, acompañado por el director general de Vivienda, Carlos Montes, el consejero también ha hecho referencia a la aprobación en Consejo de Gobierno, el pasado 3 de octubre, del plurianual que permitirá iniciar el trámite para conceder subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales destinadas a la financiación de obras de rehabilitación en edificios públicos.
Sobre este asunto, Media ha destacado «un importante matiz» que se incorpora a esta nueva convocatoria en la que, dentro de las actuaciones subvencionables, se añaden, como novedad, aquellos proyectos que permitan rehabilitar una vivienda o un edificio público para destinarlo a vivienda pública. En este caso, el consejero ha asegurado que «se premiará» a estas entidades locales con hasta 40 puntos y ha explicado que estas viviendas públicas se pondrán a disposición de Gesvicán para que sea la empresa pública la encargada de la gestión del alquiler «para liberar a ayuntamientos y juntas vecinales de la engorrosa gestión que puede suponer para estos entes».
La convocatoria, cuya previsión es que sea publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el próximo 14 de octubre, tiene una cuantía asignada de 1.500.000 euros y contempla la realización de un primer pago de forma anticipada del 50 por ciento, y, el restante 50 por ciento, a la finalización de las actuaciones.
Los gastos que se subvencionan serán los necesarios para la ejecución de las obras de rehabilitación, reforma, reparación, conservación y mantenimiento hasta el 100 por 100 del presupuesto con un límite de 48.400 euros.
Las obras de urbanización y reurbanización complementarias hasta un 20 por ciento del presupuesto base de licitación. Es decir, 9.680 euros y los gastos necesarios de los honorarios correspondientes, así como la redacción de proyectos e informes hasta un máximo de un 4% del presupuesto base de licitación, es decir, 1.936 euros.
Pago de ayudas para la rehabilitación de edificios
Además, el consejero se ha referido al Plan Estatal de Ayudas para la Rehabilitación de Edificios y a la «deuda» de 28,3 millones de euros que la Consejería «se comprometió a hacer frente con fondos propios y no dejar a ningún cántabro en la estacada».
Media ha recordado los 10,3 millones de euros que su departamento destinó a esta convocatoria de ayudas hace unos meses «rebajando esta deuda un 35%» y ha anunciado la resolución de otros 95 expedientes pendientes por un importe de 3.652.899 euros.
«Con este nuevo esfuerzo de la Consejería hemos rebajado en casi 14 millones de euros esta deuda que, a día de hoy, se ha quedado ya en la mitad», ha expresado
El titular de la Consejería ha recordado que las políticas de vivienda son estratégicas para el Gobierno de Buruaga, y ha puesto como ejemplo el pago de las ayudas a la rehabilitación, la actualización del módulo de VPO, la construcción de las primeras viviendas públicas en Cantabria en los últimos 5 años o la redacción del anteproyecto de la Ley de Vivienda.
Compensación a los servicios deficitarios de transporte de viajeros
Por último, durante la rueda de prensa, Media también se ha referido al acuerdo adoptado hoy en Consejo de Gobierno por el que se ha aprobado, por importe de 3.479.438 euros, el decreto que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar el déficit en la prestación de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera durante el año 2023.
Se beneficiarán de estas ayudas 8 compañías que prestan el servicio en 25 rutas de transporte de pasajeros por toda la región, y que su balance de ingresos-coste ha sido negativo en el ejercicio 2023.
«Con esta partida, el Gobierno asegura la continuidad de estos servicios públicos esenciales que garantizan la movilidad sostenible y eficiente de todos los cántabros por la región», ha concluido.
