Donde se esperaban vehículos del Ejército por centenares y millares de soldados solo hubo fregonas de hombres valerosos, patrullas de vecinos y voluntarios haciendo frente al vendaval con un paraguas. Achicando agua con un vaso en cada mano. El día después de la gran inundación de Valencia, y subsiguientes, el Gobierno de la nación no convocó un consejo extraordinario, no promovió un mando único, no envió a los miles de militares que se necesitaban y se limitó a resaltar las competencias de la comunidad autónoma, ya para entonces abrasada con la patata caliente y, con ella, los miles de damnificados, obligados a convivir con los efectos de la catástrofe sin solución y con los cadáveres cercanos de sus familiares, amigos y vecinos.
Sánchez no midió sus palabras -quiero pensar que no fue tacticismo, sino pura y dura incompetencia- (“Si necesitan más medios que los pidan”, espetó) y la ministra Robles, tampoco (“El Ejército no puede estar para todo”, evacuó). Para Marruecos, en el terremoto, sí lo estuvo. La gente, en consecuencia, no entendió nada, ni tenía por qué entender. El presidente apareció el domingo y tuvo que salir por piernas, insultado y boicoteado como también lo fue Mazón, por ciudadanos que lo han perdido todo. Los Reyes, con el rostro lleno de barro lanzado desde lo que antes eran aceras, optaron por arrostrar la terrible situación y abrirse en canal ante la gente. Letizia, presa del impacto de la tragedia, comenzó a llorar, mientras el coche negro en el que se marchaba Sánchez recibía patadas, puñetazos y acabó con los cristales rotos.
Nunca se había visto nada así en España, quizá porque es Expaña. Al margen de la falta de reacción y bisoñez del Gobierno valenciano, Sánchez debió declarar el Estado de Alarma y poner inmediatamente los medios necesarios al servicio de los cientos de miles de damnificados. No lo hizo en esos términos ni con la rapidez debida, y por ello debe comparecer, explicarse y presentar, como mínimo, la cuestión de confianza. España olvida rápidamente, pero esto no debe olvidarse en ningún caso. Y algunos deben pagar por ello política y judicialmente.
