El Gobierno de Cantabria estudiará nuevas líneas de colaboración para mejorar la inserción laboral de los nuevos empleados públicos con discapacidad intelectual que se incorporen al servicio público dentro de la Administración General, tras la superación de los correspondientes procesos selectivos.
Así lo ha afirmado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, que, junto a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, han mantenido un encuentro con miembros de la Asociación ‘Plena Inclusión Cantabria’, organización que se ha especializado en la tarea de formación para facilitar el acceso a la función pública de las personas con discapacidad, preparando procesos a nivel estatal y autonómico.
Urrutia ha resaltado la necesidad de «ir más allá» y trabajar en las funciones necesarias para facilitar su adaptación laboral y, al mismo tiempo, impulsar su carrera personal y profesional dentro de la administración pública autonómica.
Por ello, se ha comprometido a estudiar la elaboración de un protocolo para facilitar el acompañamiento y la mejor adaptación posible al nuevo puesto de trabajo. «Su labor de orientación, seguimiento y de información al propio Gobierno sobre las necesidades que se pudieran plantear es muy importante para mejorar la labor diaria y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual», ha señalado la consejera de Presidencia.
Y es que, hasta el momento, más de una treintena de personas con discapacidad intelectual se han incorporado en los últimos años al Gobierno cántabro a través de distintas convocatorias específicas incluidas en las ofertas de empleo público.
A esta reunión con la consejera han asistido la presidenta de la Asociación ‘Plena Inclusión Cantabria’, Eloísa Gutiérrez; la directora de la entidad, Elena Zarpón, y el presidente de Ampros y miembro de la junta directiva de la entidad, Roberto Álvarez.
Zarpón ha ofrecido a la consejera de Presidencia la colaboración de la entidad y de sus profesionales para poner en marcha la figura del preparador laboral dentro de la administración autonómica, que, en su opinión, deberá ser un técnico con conocimientos en discapacidad intelectual, que facilite «desde el comienzo» una adaptación «rápida» al puesto de trabajo.
Por otro lado, durante este encuentro, celebrado en la sede del Gobierno, se ha abordado la adaptación de los temarios de los procesos selectivos a la lectura fácil, tras la Ley de accesibilidad cognitiva, con el fin de facilitar la labor de los opositores con discapacidad intelectual su labor de estudio y preparación a las plazas convocadas
