El Gobierno de Cantabria ha solicitado a la Comisión Europea que no aplique el sistema de pago por emisiones de CO₂ al sector de las incineradoras de residuos, ya que esta medida «repercutirá directamente en los ciudadanos».
Así lo ha trasladado en Bruselas el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, durante su reunión con la directora de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Beatriz Yordi, a quien ha expresado la preocupación del Ejecutivo autonómico ante la revisión de la Directiva de Comercio de Derecho de Emisión que contempla el pago de impuestos por las emisiones de CO₂ que generen estas instalaciones.
Media ha recordado que en el caso de Cantabria y del resto de comunidades españolas, estas instalaciones prestan un servicio público esencial de tratamiento de residuos urbanos. En este sentido, ha advertido de que la aplicación de este impuesto implicaría un incremento de costes que «inevitablemente acabarían pagando los ciudadanos».
«Las plantas de tratamiento de residuos son servicios públicos básicos. Si se incluyen en este sistema, ese coste deberá repercutirse en la ciudadanía, lo que generará un importante rechazo social», ha señalado el consejero.
Así mismo, ha afirmado que la futura medida «va en contra» de la jerarquía del tratamiento de residuos «porque llegará a ser más económico llevar los residuos al vertedero que tratarlos, una opción mucho menos sostenible desde el punto de vista ambiental».
En el caso de Cantabria, el pago por estas emisiones de CO₂ en la planta de tratamiento de Meruelo podría tener un sobrecoste de más de 7 millones de euros anuales, una cantidad que podría incrementarse de forma exponencial en función de la evolución de los mercados. Según ha explicado, esto podría suponer un incremento de hasta un 40% en el recibo de la recogida y tratamiento de residuos para los cántabros.
Además, el consejero ha recordado que la Comunidad tiene previstas inversiones cercanas a los 100 millones de euros para mejorar el sistema de gestión de residuos. «Si tenemos que destinar más de seis millones de euros anuales al pago de este impuesto, esos recursos tendrán que detraerse de las inversiones previstas», ha lamentado.
Tras el encuentro, en el que también ha estado presente el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano, el consejero ha recordado que Cantabria ya está llevando a cabo inversiones «muy importantes y necesarias» para adaptarse a la nueva normativa europea para la recogida de biorresiduos, aceite de cocina usado, textil o voluminosos.
En este contexto, ha destacado también la futura construcción de una nueva planta de tratamiento de biorresiduos, con una inversión estimada de entre 50 y 60 millones de euros.
Revisión de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión
Actualmente, la revisión de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, impulsada en el marco del paquete climático Fit for 55, se encuentra en fase de evaluación, a la espera de que la Comisión Europea decida este año si incluye al sector de las incineradoras de residuos en el sistema europeo de emisiones.
La medida implicaría que estas instalaciones deban pagar por el CO₂ que generen. De aprobarse en los términos planteados, supondría un incremento significativo de los costes de gestión de residuos para las administraciones públicas, con el consiguiente impacto económico en los ciudadanos.
