La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que la Administración de Justicia en la comunidad autónoma sigue avanzando con un 15% más de presupuesto en esta legislatura y se ha convertido en un referente en España gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para procurar un entorno laboral adecuado y dotar al sistema de medios suficientes.
«Cantabria lo ha vuelto a hacer. Cumplimos con éxito y volvemos a ser un ejemplo nacional», ha dicho la Buruaga en la apertura del XXIII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se celebra entre hoy y mañana en el Paraninfo del Palacio de La Magdalena con la participación de más de 350 profesionales del sector.
Allí ha hecho también un alegato en defensa de la independencia del poder judicial «ante los ataques que se están produciendo cada vez con más frecuencia en determinadas actuaciones del Gobierno de España y de determinados partidos políticos».
Frente a ello, ha expresado su «absoluto respeto» y su «apoyo inquebrantable y sin fisuras» al trabajo de los jueces y magistrados, que son, según ha dicho, el «muro de contención del Estado de Derecho».
Buruaga ha asegurado que el Gobierno no va a escatimar esfuerzos para que la Administración de Justicia en Cantabria se sitúe «a la vanguardia» del país y tampoco para seguir defendiendo la honestidad, la profesionalidad y la independencia de los jueces.
«Le pese a quien le pese, los demócratas de verdad vamos a plantar cara a quienes demuestran no serlo», ha enfatizado.
Compromiso con la mejora de la justicia
En su intervención en el acto inaugural, la jefa del Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la mejora del funcionamiento de la justicia y ha recordado algunas de las iniciativas implementadas en estos tres últimos años para conseguir una administración «más moderna, ágil, cercana y eficiente».
En primer lugar, ha puesto en valor el Pacto para la Justicia firmado en 2024 con todos los agentes del sector para «revertir el deterioro» y ofrecer a los ciudadanos un servicio público de mayor calidad. Un pacto «abierto y dinámico», ha añadido, para solicitar la creación de nuevas plazas judiciales, mejorar las sedes judiciales y acelerar la digitalización del sistema mediante la plena interoperabilidad del sistema de gestión procesal VEREDA y del nuevo modelo de Registro Civil, en el que el Gobierno ha invertido casi 6 millones de euros, el 82% de los fondos europeos recibidos.
Por otro lado, ha subrayado los esfuerzos realizados para reivindicar al Estado un plan de empleo que adelante soluciones al relevo generacional y para mejorar la prestación del servicio de justicia gratuita y el turno de oficio con la aprobación de la orden que lo regula y financia.
Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo está finalizando la tramitación del Decreto de la Oficina Fiscal y sigue avanzando en el desarrollo de un servicio público de justicia centrado en los cuidados y la atención a las situaciones de vulnerabilidad.
«Son muchas cosas en muy poco tiempo», ha subrayado la presidenta, periodo en el que Cantabria ha tenido también que afrontar la implantación del nuevo modelo de oficial judicial impuesto por el Gobierno central, un modelo que, a su juicio, «no convence a nadie».
Para Buruaga, todas estas medidas tienen su reflejo en el comportamiento de los órganos judiciales de Cantabria, que en 2025 resolvieron un 4% más de asuntos de los que entraron y dictan casi el doble de sentencias que la media del conjunto de España.
«Los datos hablan y los resultados llegan», ha apuntado la presidenta, que se ha mostrado orgullosa de la evolución de la Administración de Justicia y de la labor de sus profesionales.
Finalmente, ha felicitado la continuidad de este curso que, organizado conjuntamente por el Gobierno autonómico, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), es ya un referente dentro del mundo del derecho y ha deseado una grata estancia a quienes proceden de fuera de la comunidad.
María José Sáenz de Buruaga ha estado acompañada por la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; la presidenta de la Sala de lo Social del TSJC, Elena Pérez, y los directores del curso: Fernando José de la Fuente, director general del Servicio Jurídico autonómico, y Esther Castanedo, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
Programa
El programa de esta decimotercera edición incluye diferentes conferencias y mesas redondas en las que participarán magistrados y reconocidos profesionales del sector judicial.
En la jornada de hoy, tras el acto inaugural, intevendrán Juan Pedro Quintana y Francisco Pueyo, magistrados especialistas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quienes hablarán sobre ‘El principio de trasparencia algorítmica y la IA en la Justicia, especial referencia a la normativa europea’, y sobre ‘Los derechos fundamentales y la protección de la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia reciente’, respectivamente.
A continuación, habrá dos mesas redondas sobre el procedimiento especial de derechos fundamental y sobre la cuestión de ilegalidad. En la primera de ellas intervendrán David Ordóñez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; Javier Castro, abogado del Estado, y María Luisa Holanda, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria, mientras que en la segunda participarán Javier Barcelona, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, y Ana García-Barredo, letrada de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria.
La jornada del viernes, 29 de mayo, comenzará con la ponencia de César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional, titulada ‘El cierre del sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, con especial referencia al Recurso de Amparo’, y continuará con Ángeles Huet de Sande, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quien versará sobre la ‘Jurisprudencia más relevante en materia de medio ambiente’.
Seguidamente, se celebrará otra mesa redonda sobre el análisis ambiental en la aprobación de planes y proyectos, en la que tomarán parte Carmen Plaza, directora del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid y profesora acreditada de Derecho Administrativo y Derecho de la UE; Ana Barreira, abogada y copresidenta de la Sección de Energía y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Madrid; Carmen Cuesta, letrada del Gobierno de Cantabria, y Raquel Casas, magistrada de la Plaza Nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vigo.
Por último, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, será la encargada de clausurar el curso.
