La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy la licitación de la carretera de Requejada a Suances por 198 millones de euros, tras un cuarto de siglo «dando tumbos por los despachos», y cumpliendo un compromiso que adquirió al comienzo de la legislatura y que ya reivindicó en su etapa de concejala en el Ayuntamiento de Suances. Las obras arrancarán en 2027 y tendrán un plazo de ejecución de 3 años.
«Éste es, para mí, un acto cargado de profundo significado» y que representa «el triunfo de la convicción, de la coherencia y, sobre todo, de la justicia», ya que la licitación supone «un paso definitivo y sin retorno» para hacer realidad «una de las infraestructuras más esperadas en la historia reciente de Cantabria».
«No recuerdo ningún compromiso más veces defraudado», ha reconocido la presidenta, que ha mostrado su «inmensa satisfacción» por, «tras tres años de intensísimo trabajo», poner fin a «retahílas de excusas de unos y de otros» porque «la Requejada-Suances empieza hoy».
Para la jefa del Ejecutivo, se trata de «uno de los hitos más importantes de la obra pública de las últimas décadas», que cuenta con respaldo ambiental, seguridad jurídica, un modelo de financiación definido y un calendario en marcha, y «una inversión sin precedentes para toda la comarca, que supera todo lo conocido hasta ahora».
«No se mide únicamente en euros, se mide en calidad de vida, en equidad y en cohesión territorial, se mide en desarrollo económico y actividad empresarial, se mide en oportunidades y, sobre todo, se mide en futuro», ha afirmado la presidenta, que ha considerado que esta obra, además, pone fin a «esa brecha, esa cicatriz» que supone el «paisaje extraordinario» de la ría de San Martín de la Arena.
El proyecto, que se desarrolla entre Suances y Polanco, contempla la construcción de la carretera de unos 4,8 kilómetros y un puente atirantado de 735 metros de longitud que cruzará la ría de Suances al inicio del trazado, con un vano de 150 metros diseñado para permitir la navegación sin interferencias.
Con ello, se creará un eje directo entre la A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle, mediante un nuevo cruce sobre el río Saja-Besaya, evitando el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances y su entorno costero, donde se crean innumerables atascos. Además, se genera un nuevo acceso a Tagle sin atravesar Suances, y el trazado se optimiza para reducir impactos ambientales y afecciones a la población.
El Gobierno ha optado por un contrato de colaboración público-privada, bajo la fórmula de pago por disponibilidad, un «camino seguro» y ampliamente utilizado en Europa y en España para «desarrollar infraestructuras de carácter transformador y estratégicas», que aporta agilidad administrativa y permite «multiplicar el músculo inversor de la Administración», ya que si optara por la contratación convencional, el Ejecutivo tendría que concentrar 90 millones de euros en 3 años y renunciar a otras inversiones necesarias para la comunidad, según ha precisado la presidenta.
Además, con este sistema la empresa adjudicataria, asume los riesgos asociados a la construcción y la operación, como sobrecostes, plazos de ejecución y posibles fallos operativos.
En términos económicos, la inversión de 198.747.540 euros de la empresa adjudicataria durante los 30 años de la concesión, incluye la redacción del proyecto, con un plazo estimado de 1 año; la ejecución de la obra, que estará concluida en tres años desde su comienzo, y el mantenimiento de la infraestructura durante 26 años.
La inversión inicial es de 87,4 millones de euros, a los que se suman unos costes por el mantenimiento de 864.000 euros anuales durante los 26 años de explotación y un volumen de inversiones extraordinarias estimado en 5,5 millones de euros. De manera que el concesionario realizará una inversión total de 115.369.000 euros. Por su parte, el Ejecutivo abonará un canon anual de 7.644.136 euros a la concesionaria.
La presidenta, que ha hecho este anuncio en Suances, ha estado acompañada del consejero de Fomento, Roberto Media; el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Noya, y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz.
Tres años de intensísimo trabajo
La jefa del Ejecutivo ha recordado que, desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno que dirige «no ha parado de trabajar» –»hay tres años de intensísimo trabajo»- para que este proyecto sea una realidad, tras encontrase en 2023 la Declaración de Impacto Ambiental caducada.
Tras obtener la declaración favorable el 3 de marzo de 2025, un mes después se aprobó el estudio informativo, y el 8 de mayo de 2026 se aprobó definitivamente el anteproyecto y el 5 de junio el estudio de viabilidad económico-financiera, «paso previo y esencial» para la licitación que el Gobierno autonómico ha mandado hoy al Boletín Oficial de la Unión Europea.
