La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, y el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, han mantenido hoy un encuentro en el que han abordado la eliminación de las medidas organizativas para hacer frente a la Covid-19 en las sedes judiciales y que son de aplicación en todo el territorio nacional.
Fernández Viaña ha comunicado al decano que Cantabria planteará en la Conferencia Sectorial con el Ministerio de Justicia de este viernes la derogación de la disposición transitoria de la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, tras la eliminación de las restricciones sanitarias por la pandemia, y volver así a la normalidad también en el control de los aforos en los edificios judiciales de la región.
De cualquier forma, ha apelado a mantener la colaboración de todas las instituciones judiciales en Cantabria y de los colegios profesionales, demostrada ya durante la desescalada de la justicia cántabra, y avanzar “de la mano” en la “vuelta a la normalidad” en las sedes judiciales. También ha recordado la importancia de seguir tomando las necesarias medidas de autoprotección personal, como el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos o la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
Por otro lado, durante este encuentro, celebrado hoy en la sede central del Gobierno de Cantabria, la consejera de Justicia y el decano del Colegio de Abogados han abordado el nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita, una reforma que prevé una importante actualización de los baremos retributivos que reciben los profesionales –abogados y procuradores- y una mejora de la actual gestión de los expedientes, que se realizan a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
“Con ello tratamos de compensar el esfuerzo y compromiso de abogados y procuradores por el turno de oficio, que, a pesar de recibir retribuciones escasas siguen prestando un servicio público esencial en defensa de los derechos de los ciudadanos más vulnerables Cantabria”, ha señalado la consejera.
Por su parte, Andrés de Diego, aunque ha destacado el esfuerzo del Gobierno por incrementar los distintos conceptos que remuneran la actuación de los letrados del turno de oficio, ha trasladado a la consejera su postura con el borrador propuesto tanto en lo que afecta a la gestión de la justicia gratuita como, fundamentalmente en que los baremos propuestos no son suficientes para dignificar la prestación de este servicio público de la abogacía.
El decano del Colegio ha valorado especialmente el compromiso de la consejera de Justicia de aplicar los nuevos baremos con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, aunque la aprobación del nuevo decreto se prolongue más allá de esa fecha, debido a los trámites administrativos.
Cantabria destinó en el primer semestre del año más de 1 millón de euros a la gestión de la asistencia jurídica gratuita (970.000 euros a los abogados y 70.000 a los procuradores).
